El Pueblo Afrodescendiente en Bolivia, desde principios de la actual década y luego de un largo proceso de explicitación étnica y cultural, ha logrado conformar una instancia política nacional y propia con su respectivo brazo educativo que, en poco tiempo y a diferencia de otros pueblos indígenas, le ha posibilitado constituirse en uno de los principales actores protagónicos en la actual coyuntura sociopolítica del país; nos referimos, específicamente, al Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO) y a su secretaría de educación, el Consejo Educativo del Pueblo Afroboliviano (CEPA). Mediante estas instancias, dejando críticamente atrás su nefasto pasado de esclavizados desde la Colonia hasta la década de los años cincuenta del Siglo XX en el periodo de la República, el Pueblo Afroboliviano se encuentra en un proceso de construcción de su proyecto político y de vida considerando, para ello, sus peculiaridades sustantivas que tienen como fuente su matriz sociocultural africana y andina, pese a que en los últimos años su presencia se está haciendo significativa en las principales ciudades capitales del país, trascendiendo de esta manera su “refugio ancestral rural” compuesto por comunidades, fundamentalmente, en la región tropical de los Yungas de La Paz. Al Estado boliviano, luego de un largo proceso de invisibilización y como respuesta a la insistente demanda, no le quedó más que asumir al Pueblo Afroboliviano como un sujeto jurídico con los mismos derechos, colectivos e individuales, que los otros pueblos indígenas originarios campesinos que habitan en el territorio nacional. El Pueblo Afroboliviano, por eso, ahora está incluido en las nuevas leyes y, sobre ese fundamento, está luchando para que su proyecto político y de vida sean tomados en cuenta en las políticas públicas con el propósito de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida en los ámbitos económico productivo, social organizativo y cultural educativo.