Esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales, de los gobiernos, de las agencias de cooperación del Sistema de las Naciones Unidas y de las instituciones financieras internacionales, han coincidido en que los riesgos que frenan el desarrollo y bienestar de los pueblos, provienen de una distribución desigual de bienes y servicios, que ha llevado a situaciones de exclusión y vulnerabilidad a amplios segmentos poblacionales. Esa distribución desigual o brechas de equidad se ha logrado medir a través de las fuentes de datos disponibles y, aunque en algunos aspectos son insuficientes y deben ser complementadas, se ha concluido que constituyen el mecanismo idóneo y más confiable para el monitoreo de las desigualdades. Paralelamente, como parte de este proceso de medición de pobreza y exclusión, se han agregado a las dimensiones y variables más tradicionales (nivel de ingresos y educación) otras dos: género y etnicidad, principalmente como consecuencia del rol activo del movimiento de mujeres, indígenas y afrodescendientes. Estas dimensiones presentan una complejidad adicional a la medición por su carácter transversal, multidimensional y contextual.