Desde mediados del siglo XVIII el Estado español se había afanado en reorganizar la sociedad colonial en todos sus aspectos (Burkholder y Chandler, 1984). El ideal del reformismo borbónico instrumentado por una serie de normas jurídicas afectó a las Instituciones de gobierno, administración y justicia. Gran parte de estos esfuerzos estuvieron dirigidos a reforzar las jerarquías sociales para lo cual era indispensable reducir las posibilidades de ascenso social de la población subalterna colonial y definir claramente el estatuto que a cada quien le correspondía. La permeabilidad social que se evidencia en esta época, amenazaba el sistema de tributación del que dependían los recursos que el Estado colonial recibía de sus colonias.2 Este sistema estuvo diseñado en base al supuesto de categorías raciales claramente definidas y separadas unas de otras: Hombres negros libres e indios estaban obligados a tributar, mientras los considerados blancos o mestizos estaban exentos de la carga fiscal.3 El principio de separación étnica que fue la base de una diferenciación tributaria fracasó tempranamente dando lugar a una población creciente y difícil de clasificar.4 Cuando las características raciales de la población se complejizaron, el término mestizo, que designaba en principio sólo a quienes compartían parte de dos mundos: el indígena y el español, no fue suficiente para nombrar al resto de individuos de variado color cuyas raíces culturales y familiares incluían el aporte africano que llegó con la población esclava a lo largo de casi tres siglos de régimen esclavista.